La investigación penal por presuntas anomalías en el proceso de contratación y desarrollo del Acueducto Gran Tulum ingresó en un escenario de extrema tensión procesal. En una reciente resolución, la jueza de Garantías, Mónica Lucero, bloqueó la estrategia de las defensas al rechazar los recursos interpuestos por el abogado Nasser Uzair, representante de los exfuncionarios Sergio Ruíz y Guillermo Sirerol, dos de los principales investigados en la causa.
La magistrada fundamentó su decisión en la falta de legitimación activa del abogado defensor. Bajo este criterio, la justicia consideró que la defensa no está facultada para proponer medidas de prueba ni intervenir activamente en el expediente debido a que el Ministerio Público Fiscal aún se encuentra en una etapa de investigación preliminar y no ha formulado cargos de manera oficial contra ningún sospechoso.
Polémica por contradicción en el tribunal
La determinación de la jueza Lucero generó inmediatas repercusiones y un fuerte debate en el ámbito tribunalicio, donde se cuestiona un drástico giro en la conducción de la causa. Según trascendió desde el Palacio de Justicia, la propia magistrada había convalidado implícitamente la participación de Uzair días atrás, cuando resolvió postergar una audiencia clave y dictar un cuarto intermedio ante la inasistencia del letrado, quien se había presentado de forma espontánea en el caso.
La contradicción entre haber ordenado su notificación oficial en aquella oportunidad y negarle el rol de parte en la actualidad provocó duras críticas hacia el tribunal por la aparente falta de coherencia procesal.
Los argumentos de la defensa y el plazo fiscal
El planteo de la defensa se había originado luego de que los fiscales obtuvieran una extensión de 90 días para continuar con la recolección de elementos de prueba. Frente a esta prórroga, Uzair había exigido formalmente el acceso a los detalles de las medidas en curso y la producción de pruebas de descargo en favor de Ruíz y Sirerol.
Para sustentar su reclamo, el abogado invocó las garantías del derecho a la defensa y al debido proceso, respaldándose técnicamente en los artículos 122 y 339 del Código Procesal Penal de la provincia.
La fiscalía centra sus esfuerzos actuales en el análisis pericial del material informático y documental incautado en los últimos operativos.
Actualmente, la investigación penal preparatoria sigue su curso bajo las directivas del fiscal Sebastián Gómez, asistido por Francisco Pizarro. El equipo del Ministerio Público Fiscal se concentra en el análisis técnico y contable de los elementos secuestrados, y se prevé que la formalización definitiva de la imputación penal se concrete una vez que concluyan los peritajes sobre la megaobra hídrica.
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